Retrocedamos al 7 de abril de 2009, la crisis financiera se ha mostrado con toda su virulencia en EEUU y la burbuja inmobiliaria española explota dejando a su rastro miles de desempleados semanales. En este contexto de shock y nuevas incertidumbres Zapatero decide encargar al Catedrático de filosofía y rector de la Universidad Autónoma, Ángel Gabilondo, la pacificación del único sector que produce cierta alteración social, el mundo universitario. La implantación en la universidad española del Espacio Europeo de Educación Superior estaba contando con un importante rechazo, principalmente entre los estudiantes. La oposición, a lo que se conoce como el Plan Bolonia, se había traducido en un fuerte ciclo de movilizaciones que tuvo en 2009 su punto más álgido. Gabilondo tenía que lidiar con un conflicto que apuntaba a enquistarse y a aumentar la brecha entre el PSOE y la juventud abierta desde la irrupción en 2006 del movimiento por el derecho a una vivienda diga. Al ministro ya se le conocía su opinión connivente con el Plan Bolonia cuando era rector y ya en el ministerio no tardó en aclarar que uno de sus primeros objetivos iba a ser implantar los acuerdos europeos “con firmeza”, pero después de escuchar a todas las partes enfrentadas. El resultado de aquello es que la universidad española se incorpora velozmente a la convergencia europea y las posturas de disenso fueron poco o nada tenidas en cuenta. En su haber una primera “victoria”, poco a poco unas movilizaciones que apuntaban a una reflexión profunda sobre el papel de la universidad en la sociedad perdieron fuelle mientras que la implantación del EEES encontraba vía libre.

Su segunda misión no fue tan exitosa. La gran idea fue llevar a rango de ley un nuevo gran pacto educativo que se forjase entre los dos grandes partidos y que no fuera cuestionado por los próximos gobiernos. Es innegable el optimismo con el que enfocó inicialmente estas negociaciones. No le preocupó que los primeros documentos que puso encima de la mesa expulsasen a las fuerzas parlamentarias minoritarias. Al fin y al cabo eran convidados de piedra en una partida de dos jugadores. Tampoco le pareció importante no contar con las organizaciones ciudadanas que llevan años analizando los errores del sistema educativo actual y proponiendo, cuando no aplicando nuevos modelos de éxito en los pocos espacios de innovación que existen en el ámbito público. El final de esta historia es conocido, después de meses de amagos de negociación, el último interlocutor de la mesa, el PP, la abandonó dejando al ministro en soledad. Desde entonces no volvería a ser el mismo y poco a poco se volvió invisible.

Desde entonces, a excepción de algunas medidas que no han destacado por su éxito (Máster CAP y Escuela 2.0), su actividad como ministro se ha centrado en hablar y mirar cómo se sucedían los recortes. El primero y destacable en su ministerio, con un 8% menos en 2011. En segundo lugar, algunas comunidades autónomas con procesos abiertos de desmantelamiento paulatino del sistema educativo público en todos los niveles. En este grupo destacan la Comunidad de Madrid, Valencia y Galicia. La amenaza y leve rectificación posterior de un drástico recorte en el número de plazas de las oposiciones a primaria fue responsabilidad del Ministerio.

Los últimos recortes drásticos en secundaria llevados a cabo por algunas comunidades, especialmente Madrid, han activado un ciclo de movilizaciones por la educación pública que muy probablemente se extienda a otros sectores amenazados. A parte de algunas declaraciones públicas, bien-pensantes y ciertamente paternalistas, y de una reunión con los sindicatos al calor de la revuelta, no se espera ninguna novedad en un barco que va sin rumbo. El principal anuncio con el que nos ha deleitado el ministro estos días ha sido con su decisión de no presentarse en las próximas elecciones.

El panorama educativo que deja Gabilondo es desolador. El mayor ataque a la educación pública desde su implantación parece que no es suficiente para nuestro Ministro pierda la compostura ¿No tendría sentido pensar que el ministerio pudiera hacer algo al respecto sin parecer por ello un defensor del estado centralista? Desde que en julio se viera casi obligado a hacer sus primeras declaraciones públicas acerca de los recortes anunciados en Madrid, el deambular del ministro es poco menos que enigmático. Legislador y regulador del dinero que se da a las comunidades para gasto educativo parece un invitado ilustre a un cortejo fúnebre.

Contrasta, pero no sorprende la rapidez con la que se mueven algunos ministerios, cambio constitucional mediante, y la inacción de otros. El rodillo de los planes de austeridad justificados en la volatilidad de la deuda soberana han puesto en bandeja el ataque a los servicios públicos. Espectador de lujo de la desmantelación del sistema público de educación, parece que su misión como ministro es salir del cargo, y de la política, sin hacer el menor ruido posible para volver a las tranquilas calles del campus universitario. Dirán que quiso hacer cosas, pero que no pudo. Que la política se sustenta en una arquitectura de intereses de complejo encaje. Que la crisis no ha dejado margen de maniobra. Que el PP es muy malo y no quiere pactar…

Nos quedamos a la espera de ver cómo le reciben sus antiguos alumnos de vuelta a la Universidad, ahora con tasas más altas y menos becas gracias a su maestro. Juzguen ustedes su trabajo por el módico precio de unos 200.000€ (78.881,26 € brutos al año).

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